En 1986 la población madrileña sumaba 4.800.000 ciudadanos de los cuales, más de tres millones residían en la capital.
El Metro transportó al término del ejercicio más de trescientos millones de viajeros. Los autobuses algo más de cuatrocientos sesenta millones. En el área metropolitana los madrileños utilizaban en catorce municipios las doscientas doce líneas existentes de autobuses urbanos e interurbanos. La red de transportes se complementaba con las nueve líneas de cercanías de Renfe. El automóvil privado convertía en una tortura la entrada y salida de la ciudad en las horas punta desde cualquiera de los cuatro puntos cardinales.
La tarea del Consorcio Regional de Transportes iba a ser la de coordinar todos los sistemas existentes, corrigiendo deficiencias y eliminando excesos concurrentes. Había que dotar a Madrid de un servicio público de transporte colectivo mediante una oferta equilibrada y atractiva que, a la vez, fuera económica en costes y cómoda para el usuario. No era fácil.
El Consorcio fue creado por la Ley de 1985 aprobada el 16 de mayo por el pleno de parlamentarios de la asamblea de Madrid. Hacía más de una década que el sistema de autoridades únicas encargadas de ordenar las necesidades del transporte se había establecido en las principales áreas metropolitanas europeas. Madrid siguió el mismo camino que sus homónimos de París, Londres, Estocolmo o Hamburgo.
Además de la conveniencia de atender coordinadamente una movilidad que rebasaba los límites administrativos de las ciudades por la consolidación de relaciones entre el núcleo principal y los asentamientos limítrofes, se pretendía unificar responsabilidades de las diversas instituciones comprometidas en la regulación del mercado y la producción de las ofertas, a fin de alcanzar el máximo rendimiento de los recursos disponibles ante los que se erigía una oferta cada vez mayor.
Tras su creación, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid inició su actividad encaminada a gestionar el transporte público regular de viajeros en todo el territorio de la Comunidad Autónoma, ejerciendo las competencias que en tal materia le correspondían, delegadas bien a la Comunidad, bien a los ayuntamientos de la misma, voluntariamente adheridos al Consorcio mediante acuerdo de pleno. Se definía como un organismo autónomo de carácter comercial, que se incardinaría en la Consejería de Obras Públicas y Transportes, cuyo titular presidía el ente. Contaba con personalidad jurídica y patrimonio propio. Estaba sometido a la Ley 1/1984 de 19 de enero, reguladora de la Administración Institucional de la Comunidad de Madrid. El Consorcio Regional de Transportes contaba con dos elementos propios de autonomía interna: ausencia de intervención previa y disponibilidad de tesorería propia.
La Comunidad, el Ayuntamiento de Madrid, los municipios adheridos, los usuarios, los sindicatos del sector, la administración central y las empresas privadas componían el órgano decisorio del Consorcio a través de un consejo de administración con su comisión delegada.
Las funciones pasaban por la planificación de la infraestructura y servicios, la programación de inversiones y sistemas de explotación, el establecimiento de un marco tarifario dentro de una política de financiación de transporte, la tramitación de concesiones, su inspección y control, la recaudación de ingresos de una parte sustancial del sistema y la superior dirección de las empresas públicas dependientes. Mediante acuerdo, el Consorcio iba a aunar la actividad inversora de diferentes organismos de la administración y los programas del ente central relacionados con el transporte. En el ejercicio de estas funciones, se mantenía el respeto, el patrimonio, la personalidad jurídica y la autonomía de gestión de las empresas privadas y de las públicas que de él dependieran, aunque ejerciendo el control y el amparo en los aspectos presupuestarios. Así, las relaciones del Consorcio con las empresas y con Renfe incluso, se articularon mediante convenios que tomarían la forma de contratos programa.
La propiedad de las empresas públicas de ámbito municipal se mantenía en cada ayuntamiento, inicialmente. Este era el marco en que se enclavaba el Metro en 1986, año definitivamente nuevo en la andadura de la Compañía, que en siete décadas había pasado por casi todos los procesos posibles: propiedad privada, incautación obrera, tutela estatal, intervención de la Administración y, ahora, empresa coordinada y dependiente de un ente autonómico de vocación definitivamente pública. Una nueva etapa en la que además de programar la oferta de servicio, el Consorcio llevó a cabo los estudios de viabilidad técnico-económica de las prolongaciones de la línea VIII desde Nuevos Ministerios a Avenida de América y de la línea VI Cuatro Caminos a Ciudad Universitaria.
El resultado fue un compromiso de abrir ambas prolongaciones al servicio público. De este modo, el 23 de diciembre de 1986 se inauguró el tramo de línea de Nuevos Ministerios a Avenida de América. La red se extendía pues a 110,567 kilómetros. El nuevo tramo medía 1,4 km. de longitud. Inicialmente se había previsto como un túnel de enlace para el paso del material móvil de las líneas VII y VIII, pero a la vista de las posibilidades que ofrecía, se decidió utilizarlo para servicio de viajeros, enlazando en Avenida de América con las líneas IV, VI, VII, VIII y IX.
El nuevo centro de negocios de la ciudad, cuyo baluarte era la gran manzana denominada AZCA, se integraba de esa forma en las posibilidades de transporte subterráneo. Un usuario nuevo aparecería de forma tímida al principio y con más frecuencia al ir corriendo el tiempo: el ejecutivo. El ejercicio contaba además con un elemento de optimismo: el número de viajeros aumentó en más de ocho millones, cortándose la tendencia negativa de años anteriores.
El 24 de marzo fue pues la fecha en que se inició en la práctica todo este proceso. Ayuntamiento y Comunidad Autónoma habían asumido la propiedad de la Compañía Metropolitano de Madrid, cesando el Consejo de Intervención como órgano gestor. Seis representantes del Ayuntamiento y dos de la CAM conformaron el Consejo de Administración. Los nuevos gestores del Metro eran por parte del Ayuntamiento, Valentín Medel, concejal de Circulación y Transportes; Carlos Rodríguez Fernández, director de los servicios de Hacienda y Economía; Angel Cano Plaza, coordinador del área de Urbanismo; Sebastián de la Rica Castedo, jefe del Departamento de Circulación; Germán García Sanjuán, jefe de sección de Circulación y Vicente García Alvarez, director gerente de la Compañía Metropolitano. García Alvarez sería nombrado también consejero delegado. Los representantes de la Comunidad fueron Olegario Oubiña Domínguez, viceconsejero de Economía y Hacienda y Joaquín Martínez Vilanova, director general de Transportes.
El 11 de abril de ese año, por Real Decreto 869/1986, fueron traspasados a la Comunidad Autónoma los bienes del Estado afectos a la prestación del servicio del Ferrocarril Metropolitano de Madrid y Ferrocarril Suburbano de Carabanchel.
Los periódicos recogieron ampliamente la noticia anunciado la firma de un próximo Contrato-Programa que permitiría la financiación del Metro hasta 1988. «No es justo cobrar al usuario la totalidad del coste del mantenimiento del servicio», declaraba a los periodistas el vicepresidente de la Comunidad Autónoma, César Cimadevilla.
El Metro iniciaba un período diferente bajo la tutela del Consorcio Regional de Transportes y la perspectiva de apertura al servicio público de nuevas prolongaciones de líneas.